La convivencia escolar presenta desafíos que pueden atravesar a cualquier institución, más allá de su tamaño, su contexto o su proyecto educativo. Las discusiones, las agresiones, las amenazas y otras situaciones que involucran a estudiantes requieren respuestas que permitan comprender lo ocurrido, cuidar a quienes resultan afectados y evitar que los conflictos se agraven. Sin embargo, no siempre es sencillo reconocer cuándo una situación deja de ser un problema de convivencia y puede tener también implicancias legales.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil invita a volver sobre estas cuestiones. No para mirar la vida escolar desde la sospecha ni para convertir cada conflicto en un asunto judicial, sino para conocer el marco legal, revisar cómo intervenimos y reconocer que ciertas conductas pueden exceder el ámbito de la convivencia escolar.
La Ley 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026, establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando se les imputa un hecho tipificado como delito. El sistema contempla garantías procesales y medidas orientadas a la responsabilización, la educación y la reintegración social, además de mecanismos para proteger a las víctimas.
¿Qué significa esto para las escuelas? En primer lugar, es importante distinguir dos cuestiones: la ley no convierte automáticamente en delitos conductas que antes no lo eran, ni significa que cualquier discusión o pelea entre estudiantes deba llegar a la Justicia. Lo que establece es un marco específico de responsabilidad penal para adolescentes de esa franja etaria cuando se les atribuye un hecho que sí está tipificado como delito.
Algunas situaciones que aparecen en la vida escolar pueden requerir una intervención educativa y otras, según sus características, su gravedad y las circunstancias en las que ocurren, también pueden tener consecuencias legales. Las amenazas, las lesiones, los daños a bienes ajenos o determinadas conductas de hostigamiento, por ejemplo, no pueden evaluarse únicamente por el nombre que les demos dentro de la escuela. Es necesario analizar qué ocurrió concretamente y recurrir a las autoridades competentes cuando corresponda.
Por eso, expresiones como «son cosas de chicos», «siempre se llevaron así» o «son problemas que tienen que resolver entre ellos» pueden resultar insuficientes para comprender una situación. Al mismo tiempo, etiquetar rápidamente a un estudiante o anticipar que cometió un delito tampoco es una respuesta adecuada. El desafío consiste en no minimizar lo ocurrido, pero tampoco sacar conclusiones antes de contar con información suficiente.
Las instituciones educativas no tienen la función de determinar si un estudiante cometió un delito ni de reemplazar a la Justicia. Sí tienen la responsabilidad de intervenir ante situaciones que afectan la convivencia, proteger a los alumnos involucrados, registrar lo ocurrido y activar los procedimientos correspondientes según el caso y la normativa de su jurisdicción.
Esto implica, en primer lugar, tomar en serio lo que se informa. Escuchar a quienes están involucrados, evitar exponerlos innecesariamente, reunir información sin realizar interrogatorios que puedan agravar la situación y comunicar lo sucedido a los responsables correspondientes son pasos importantes. Si existe un riesgo inmediato para la integridad de algún estudiante, la prioridad es garantizar su seguridad y solicitar la asistencia necesaria.
También es fundamental contar con criterios institucionales claros. ¿Saben los docentes a quién recurrir cuando reciben una denuncia? ¿Existe un procedimiento para registrar los hechos y comunicar lo ocurrido a las familias? ¿Cómo se actúa cuando el conflicto continúa en redes sociales o fuera del horario escolar, pero repercute en la convivencia dentro de la institución? ¿Qué medidas se toman para proteger a quien sufrió una agresión y evitar que la situación se repita? Estas preguntas pueden ayudar a revisar las prácticas y detectar aspectos que necesitan fortalecerse.
La prevención ocupa un lugar central. Trabajar sobre los acuerdos de convivencia, la resolución de conflictos, el uso responsable de las redes, el respeto por los límites de los demás y las consecuencias de las propias acciones permite abordar estas cuestiones antes de que se agraven. Y cuando un hecho ya ocurrió, la intervención no termina con una sanción o una conversación: también es necesario observar cómo continúa la convivencia, si hay estudiantes que necesitan apoyo y qué medidas pueden evitar nuevas situaciones de violencia.
Para orientar estas intervenciones, las escuelas pueden consultar la Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, que ofrece herramientas para abordar conflictos y vulneraciones de derechos. También pueden recurrir a los equipos de orientación, los organismos educativos de su jurisdicción y los servicios especializados que correspondan.
Reconocer que estas situaciones pueden ocurrir en cualquier institución no significa asumir que todas son iguales ni que todas requieren las mismas respuestas. Significa aceptar que ningún proyecto educativo está exento de desafíos y que la mejor manera de enfrentarlos es contar con herramientas, criterios compartidos y disposición para revisar las propias prácticas.
La convivencia escolar se construye todos los días, pero también requiere saber qué hacer cuando las estrategias habituales no alcanzan. Conocer el marco legal, intervenir a tiempo y pedir ayuda cuando corresponde son parte de esa tarea. El objetivo no es transformar la escuela en un espacio de vigilancia, sino fortalecer su capacidad para cuidar, educar y actuar con responsabilidad cuando un conflicto supera los límites de la convivencia.